En 2018, Marruecos rompió relaciones diplomáticas con Irán tras acusar a la República Islámica, a través de su aliado regional —el movimiento chií libanés Hezbolá—, de proporcionar apoyo militar y logístico a los terroristas separatistas del Frente Polisario. Rabat sostuvo entonces que Teherán había intentado integrar al Polisario en su arquitectura de milicias asociadas, suministrándole entrenamiento y armamento sofisticado con el objetivo de convertirlo en un nuevo actor dentro de su constelación de fuerzas indirectas. La mención explícita a que la seguridad del Golfo es inseparable de la seguridad marroquí apunta a una interdependencia política que Rabat ha cultivado durante la última década, en base a expresas directivas del Rey Mohammed VI, mediante acuerdos de cooperación económica, inversiones cruzadas y coordinación en foros multilaterales. En este contexto, la condena a Teherán se inscribe en una arquitectura diplomática más amplia que combina pragmatismo económico y firmeza estratégica. En un movimiento de alto contenido geopolítico, Mohammed VI ha decidido elevar el tono contra Teherán y condenar sin ambages las “agresiones abyectas” perpetradas por Irán contra la soberanía de varios Estados del Golfo. Marruecos ha reforzado sus vínculos con Arabia Saudí, Emiratos y Catar, al tiempo que consolida su perfil como socio fiable de Occidente en materia de seguridad y lucha contra el extremismo. La decisión del monarca alauí envía un mensaje inequívoco a la República Islámica: cualquier intento de proyectar su influencia mediante actores armados en el norte de África encontrará resistencia política y diplomática. Al mismo tiempo, reafirma la prioridad que Rabat otorga a la estabilidad regional frente a lo que percibe como una política iraní basada en la disuasión asimétrica y la instrumentalización de milicias. En un Oriente Próximo atravesado por tensiones crecientes, la posición marroquí consolida un eje de solidaridad monárquica y reitera que, para Rabat, la defensa de la soberanía de sus aliados es inseparable de la defensa de su propia seguridad. Para Rabat, la eventual conversión del Polisario en un apéndice de la política regional iraní suponía una amenaza directa a la integridad territorial del reino y un salto cualitativo en la internacionalización del conflicto en el Sáhara. Fuentes diplomáticas marroquíes interpretan la reciente condena como el resultado de una doble motivación. Por un lado, una solidaridad política explícita con los “países hermanos” y sus dirigentes, en coherencia con la tradicional política exterior marroquí de apoyo a las monarquías del Golfo. Por otro, un cálculo de seguridad que trasciende la mera retórica. Rabat observa con inquietud el avance del programa nuclear iraní y el desarrollo de misiles balísticos de medio y largo alcance. Aunque la distancia geográfica amortigua la amenaza inmediata, la ampliación del alcance de esos vectores, sumada a la proliferación de drones y misiles suministrados a milicias aliadas en distintos teatros, configura un escenario que los estrategas marroquíes consideran potencialmente desestabilizador incluso para el Magreb. La expansión del chiísmo político promovido por Teherán no se limita a la dimensión religiosa, sino que actúa como herramienta de influencia geopolítica. “La seguridad del Golfo es la seguridad de Marruecos”, afirmó categórico el monarca alauí. Mohammed VI no actuó en solitario: consultó con los principales líderes del Golfo antes de hacer pública la posición marroquí, reforzando así la imagen de un frente común. La condena no es solo un gesto simbólico: es una pieza más en el tablero de una rivalidad regional que, aunque geográficamente distante, tiene ramificaciones que alcanzan hasta el Atlántico.
